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El diseño de una política pública en materia de movilidad es enfrentar y superar un paradigma que establece que los ciudadanos deben adaptarse al desarrollo y condiciones del transporte público, a la infraestructura y comunicaciones que los gobiernos ofrecen; nuestro reto es invertir este concepto para que a partir de la estructura de la ley, reglamentos, decretos, acuerdos, sistemas y procedimientos, infraestructura y servicios se orienten a satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios.